La Agencia Tributaria española lleva bastante tiempo en su lucha por gravar las operaciones relacionadas con criptomonedas. Consciente de que su uso se populariza cada vez más, quiere aprovechar la oportunidad para llenar las arcas públicas. De hecho, ha comunicado su intención de embargar wallets a los morosos.
Un nuevo plan de acción agresivo
El pasado 27 de febrero de 2023, en el Boletín Oficial del Estado se publicó una resolución de la Administración Tributaria en la que se aprobaban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2023. Entre sus grandes pilares destacaban la prevención, el control y la investigación del fraude como hechos a vigilar.
Dentro del mismo, han recalcado que «potenciarán las actuaciones de localización de nuevos bienes susceptibles de actuaciones de embargo, con especial enfoque hacia los criptoactivos y las monedas virtuales». Esto implica que, si existen deudas con el fisco, van a intentar incautar las criptomonedas del contribuyente para cobrársela.
De hecho, Hacienda ha visto como las operaciones con criptomonedas se popularizan entre los ciudadanos españoles. En 2022, la Agencia emitió 233.000 avisos a contribuyentes que poseían algún tipo de criptoactivo, frente a los 14.800 del año anterior.
Objetivos de la medida
Desde las instituciones públicas, informan con todo ello que pretenden detectar la economía sumergida para reducirla, así como los casos flagrantes de evasión fiscal que se produzcan normalmente entre la gente que no es asalariada y más pudiente.
Por último, entre sus motivos destacan el ofrecimiento de información para que los contribuyentes conozcan mejor el uso de las criptomonedas en la economía digital. En cambio, es una medida que no tiene muchos adeptos dentro de la comunidad cripto porque opinan que toda esa información puede estar sesgada para sus propios intereses.
¿Cómo se procederán a esos embargos?
Para poder llevar a cabo estas acciones, necesita de la inestimable colaboración de los exchanges de criptomonedas. Gracias a esto, se podrían congelar cuentas de contribuyentes que puedan incurrir en el fraude o en actividades delictivas asociadas a esas transacciones.
Incluso en determinados casos se podría solicitar al propio exchange que sea el que transfiera todos esos fondos a Hacienda, amparado eso si bajo el mandato de la nueva regulación para las criptomonedas de la Ley contra el Fraude.
La blockchain dificulta los embargos
En cambio, a pesar de estas intenciones por parte de la Agencia Tributaria, es consciente de que existen serios problemas para llevar a cabo todas las requisas. En primer lugar, numerosos exchanges se sitúan fuera de Europa por lo que suelen ser más reacios a colaborar con las Agencias Tributarias, a menos que haya alguna orden judicial de por medio.
Por otro lado, es imposible vincular una billetera de wallet fría a una persona jurídica o física por el mero hecho de que cabe la posibilidad de que varios individuos tengan acceso a los fondos. Se puede sospechar a raíz de transacciones en exchanges que cuenten con KYC, pero se dificulta mucho acusar directamente a que una wallet pertenece a un usuario en particular.
Uno de los grandes retos de Hacienda
Sin duda, Hacienda tiene una encrucijada con todo el ecosistema cripto ya que por primera vez en la historia existen una serie de activos que, custodiados de la forma correcta, pueden ser inembargables. Además de otorgar una mayor privacidad y anonimato.